También protestamos para visibilizar que el presidente de FEDEGAN y su esposa María Fernanda Cabal se han opuesto a las distintas iniciativas legislativas que han pretendido frenar la deforestación que azota gravemente la amazonía colombiana. Problemática que está directamente relacionada con el gremio que el señor Lafaurie representa, pues entidades como el Instituto Alexander Von Humboldt y Fedesarrollo han identificado que los municipios más afectados por la deforestación, como San Vicente del Caguán, La Macarena, Cartagena de Chairá, San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Puerto Guzmán, también son los municipios que concentran más cabezas de ganado en el país.

Es relevante recordar que no es la primera vez que José Félix Lafaurie es señalado por la presunta comisión de delitos o irregularidades. Tres contralores, en tres informes diferentes, aseguraron que, entre el 2006 y el 2012, hubo un desfalco por $18.000 millones de pesos en los recursos que corresponden a los parafiscales que maneja FEDEGAN. Situación que llevó a que, en su momento, el presidente Juan Manuel Santos decidiera quitarle la administración de estos recursos públicos a FEDEGAN. Sin embargo, esta función le fue devuelta por la administración de Iván Duque y la mantiene hasta la fecha.

Nos manifestamos entonces frente a la sede principal de FEDEGAN en Bogotá para visibilizar lo antes relatado y para exigirle a la justicia colombiana que se adelanten las investigaciones pertinentes. Respecto del uso de máscaras en la protesta, esa decisión no es subversiva ni ilegal, es un acto de protección personal permitido por la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos y se constituye como una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta pacífica.

La historia política nacional y las vulneraciones de derechos humanos sufridas por manifestantes con ocasión de las recientes jornadas de protesta social en el país son elementos suficientes que justifican portar máscaras en un acto como el referido. Más aún considerando que los actores contra los que se ha dirigido la protesta detentan amplio poder político, económico y social y justamente las declaraciones y acusaciones que han motivado esta protesta los vincula con actores armados al margen de la ley.

Todo ello justifica la necesidad de protección de cualquier activista que pretenda manifestarse con el objetivo de pedir una investigación pronta y efectiva. Justamente, en reacción a esa protesta, el señor José Félix Lafaurie de manera prematura e irresponsable, acusó a través de las redes sociales a dos personas, publicando sus nombres, fotos e incluso las placas de sus vehículos y señalándolos, falsamente, de amedrentar en las instalaciones de FEDEGAN. Tal afirmación falsa y estigmatizante fomentó una gran cantidad de comentarios amenazantes en contra de ambos sujetos, dos jóvenes que se han caracterizado por su activismo político y su compromiso por la protección de la vida y el ambiente en el país.

La reacción de Lafaurie solo demuestra que el presidente de FEDEGAN se siente seguro y confiado de que la justicia no operará o de que no lo hará de forma pronta ni eficiente. Tanto así que no teme injuriar a dos personas inocentes, ni ponerlas en riesgo.

En atención a lo anterior, es imperioso que el presidente de la República le rinda cuentas al país de las razones por las cuales le devolvió el manejo de los parafiscales a FEDEGAN pese a que no se ha resuelto el desfalco por 18 mil millones de pesos en su manejo. A su vez, el aparato de justicia está en mora con los colombianos de adelantar las investigaciones pertinentes por las múltiples y muy reiteradas acusaciones que contra el Sr. Lafaurie se han dirigido en los últimos años. La ciudadanía espera de parte de este último, cuando menos, que se preste a aclarar cuanto antes las acusaciones contra el ventiladas ante la Jurisdicción Especial para la Paz.