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El Acuerdo de Escazú en 10 datos

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales para los Estados de América Latina y el Caribe. Es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en el mundo que adopta medidas para la protección de líderes ambientales y defensores de derechos humanos. El nombre se debe al lugar en que fue adoptado (Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018). Es la herramienta más importante para evitar conflictos ambientales, garantizar la gobernanza ambiental, el desarrollo sostenible y la protección a las personas y grupos vulnerables.

El Acuerdo de Escazú en 10 datos:

1. El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento internacional vinculante en materia ambiental que explícitamente integra la protección del ambiente con la defensa de los derechos humanos. Este vínculo es clave para fortalecer la democracia y proteger el ambiente y a los pueblos desde una perspectiva integral frente a la crisis climática.

2.El objetivo del Acuerdo de Escazú se encuentra descrito en el artículo 1 y tiene dos grandes dimensiones: la primera es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y la segunda, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible.

3.3. Para lograr el objetivo propuesto, el Acuerdo desarrolla 27 artículos integrados en los siguientes bloques temáticos: Principios (artículo 3); Acceso a la información ambiental (artículos 5 y 6 ); Participación pública en los procesos de toma de decisiones (artículo 7); Acceso a la justicia en asuntos ambientales (artículo 8); Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (artículo 9); implementación, capacidades y cooperación (artículos 10, 11, 12, 13 y 14) órganos, mecanismos institucionales (artículos 15, 17 y 18) y, normas o mecanismos procedimentales (artículos 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26) (Para profundizar sobre el contenido del Acuerdo.

4.4. De ser ratificado por Colombia, sus disposiciones serían vinculantes, generando obligaciones para el Estados y derechos para los ciudadanos, las cuales funcionarían como mínimos que se podrían reforzar, pero nunca disminuir ni limitar.

5.El Acuerdo de Escazú da herramientas para: acceder a la información, participar e incidir en temas ambientales, fortalecer la democracia, proteger a los líderes y defensores ambientales, acceder a la justicia y vivir en un ambiente sano, entre otras.

6.Colombia es el país más biodiverso del mundo. Pero la biodiversidad está amenazada por las actividades humanas. Tanto los ecosistemas como las amenazas sobre ellos son transfronterizos. El Acuerdo incrementa la cooperación entre países para favorecer una mayor conservación de la biodiversidad y así proteger mejor a las poblaciones de los efectos de la crisis climática.

7.La participación es fundamental para proteger el ambiente y es esencial para la democracia. El Acuerdo reconoce que el acceso a la información en condiciones de igualdad para todos los actores interesados es fundamental para garantizar la participación.

8.Permite incrementar la cooperación transfronteriza para favorecer una mayor conservación de la biodiversidad y para proteger a líderes y comunidades que se oponen a los intereses de redes criminales que se lucran con la destrucción del ambiente.

9.En materia de acceso a la información el Acuerdo propende, entre otras, por: i. Que se pueda solicitar y recibir información de las autoridades competentes de manera oportuna y sin explicar el motivo de la solicitud; ii. Que las autoridades ambientales generen, difundan y recopilen información ambiental con enfoque territorial y de manera periódica, accesible, comprensible, oportuna, sin restricción de uso y reproducción; iii. Creación de sistemas públicos de información en materia ambiental sobre uso, conservación, contaminación de recursos naturales y servicios ecosistémicos.

10. El Acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021 pero Colombia todavía no lo ha ratificado. Pese a que el actual gobierno ha radicado el proyecto de ley de ratificación del Acuerdo en dos legislaturas, a la fecha no ha tenido la voluntad para impulsarlo en el Congreso.

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