Con este proyecto, la sociedad colombiana gana, ya que se trata de un paso fundamental para la urgente protección del medio ambiente y la salvaguarda del futuro de las próximas generaciones.

Sin embargo, no han faltado los detractores que, con argumentos falsos o acomodados, han difundido “serias preocupaciones” para que la opinión pública crea que con este proyecto se están afectando los intereses de los indígenas y campesinos, cuando la realidad es que protegen a estas comunidades y al país de las grandes industrias que se están lucrando impunemente con la destrucción de nuestros bosques.

¡Ladran, Sancho!, la verdad es que las acusaciones que señalan que el proyecto penaliza los medios de subsistencia de las comunidades vulnerables son falsos. La caza y la pesca de subsistencia, así como la pesca artesanal, son actividades legales en Colombia y jamás podrán ser criminalizadas. También se ha dicho que el proyecto criminaliza la minería tradicional, artesanal o el barequeo. ¡Falso! Lo que buscamos es incrementar las sanciones de la minería ilegal a cielo abierto, porque sus niveles de contaminación ambiental son catastróficos.

No vamos a penalizar con cárcel a los campesinos que cortan árboles en sus fincas. Por un lado, el proyecto no tiene injerencia alguna en la propiedad privada; por otro, lo que buscamos es defender los bosques naturales de la nación, patrimonio incalculable. El proyecto es claro en señalar que la deforestación solo será delito cuando se tale de manera ilegal una extensión igual o superior a una hectárea de bosque natural, actividad que solo se puede desarrollar con grandes maquinarias o gran capital humano. En cuanto a los baldíos de la nación, la iniciativa solo sanciona la apropiación ilegal de los mismos, cuando estos sean utilizados para desarrollar minería ilegal, ganadería ilegal o establecer cultivos de uso ilícito no, como lo han señalado, cuando se trate del desplazamiento de comunidades vulnerables que se asientan en estos territorios a falta de una reubicación por parte del Estado.

Los colombianos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, así está consagrado en la Constitución Política de 1991. Las cifras que presentan distintas organizaciones ambientalistas y entidades públicas frente a la deforestación son verdaderamente escandalosas. En este mismo instante, las zonas de menor presencia del Estado están siendo depredadas con el patrocinio de estructuras ilegales organizadas, que atienden a intereses económicos de privados que ven en la deforestación masiva una vía de enriquecimiento rápido.

La defensa del patrimonio natural del país está en riesgo si la Amazonía se deforesta. Si la flora y fauna del país se siguen destruyendo a este ritmo, no habrá un planeta B para nuestros hijos. Los únicos que deben temerles a las iniciativas que buscan proteger los recursos naturales del planeta son quienes hoy se lucran y financian con la explotación masiva y criminal de nuestros bosques y animales.

¡No más delitos de lesa naturaleza! ¡No más deforestación! ¡No más destrucción de nuestra biodiversidad!